Sancionarán a los 2 militares que pidieron renuncia de Mesa

(Bolivia.com)

El Alto Mando Militar califica de falta grave declaraciones de los 2 tenientes coroneles. El ministro de Defensa Nacional, Gonzalo Arredondo, y el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Luis Aranda Granados, a tiempo de calificar como falta grave las declaraciones formuladas por los oficiales del ejército, Julio Cesar Galindo Mendizabal y Julio Herrera Pedrazas. Afirmaron que la cohesión institucional se mantiene intachable al igual que el respeto a la Constitución Política del Estado.

En conferencia de prensa, Aranda afirmó que ambos oficiales del Ejército no tienen ningún tipo de poder de mando en la institución y que, por tanto, mal podrían pretender hacer creer a la población de un posible golpe de estado. En ese marco, descartaron cualquier tipo de división en las filas castrenses.

Entre tanto, el ministro de Defensa, Gonzalo Arredondo, ratificó la lealtad de las Fuerzas Armadas al Gobierno legalmente constituido y puntualizó que en el lapso de diez días, los dos oficiales del Ejército serán procesados y cuyo resultado determinará su baja de la institución o su procesamiento ante el Tribunal Permanente de Justicia Militar.

LA HISTORIA COMENZÓ ASÍ

Dos tenientes coroneles pidieron hoy por su cuenta la renuncia del presidente de Bolivia, Carlos Mesa, por su supuesta incapacidad para dirigir al país y se ofrecieron para liderar un nuevo gobierno.

El pronunciamiento de los tenientes coroneles Julio Herrera y Julio César Galindo, que fue transmitido por un canal de televisión local, contrasta con la posición de las Fuerzas Armadas, que el domingo anunciaron su respeto al orden democrático.

Los protagonistas de este llamamiento aseguraron formar parte de un movimiento dentro del Ejército (de Tierra) creado hace un año y formado por "oficiales de las tres fuerzas en grado de tenientes coroneles hacia abajo", aunque no especificaron cuántos.

Sostuvieron que "por decir la verdad" en el interior de la institución castrense, han sido castigados por el alto mando militar, que los envió a destinos en las fronteras al conocer sus planes.

"Esto no es un golpe militar, es una proclamación que el pueblo está pidiendo a gritos, a voz en cuello, de que los oficiales jóvenes nos hagamos cargo del gobierno de este país", dijo Herrera a una emisora de radio después de conocerse el comunicado.

El oficial se identificó con las reclamaciones de los manifestantes que marchan desde el lunes por las calles de la ciudad de La Paz en demanda de la nacionalización del gas natural y el petróleo, actualmente manejados por empresas multinacionales, y de la convocatoria de una Asamblea Constituyente en el país.

Herrera lamentó que los miembros del Ejército han sido "mal empleados en salir a las calles y causar dolor y luto en la familia boliviana", en alusión a la muerte de sesenta personas durante la ola de protestas que acabó con el anterior gobierno, de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003).

El actual presidente boliviano, Carlos Mesa, aseguró el martes que permanecerá en el cargo precisamente por su creencia en conducir al país mediante el diálogo y rechazando la confrontación para evitar víctimas mortales, lo que le ha costado fuertes críticas de la opinión pública por su supuesta falta de autoridad.

En las protestas registradas desde el inicia de su gestión, hace 19 meses, Mesa no ha usado a los efectivos castrenses para reprimir las manifestaciones y sólo se registraron dos muertos en un hecho aislado en el departamento amazónico de Beni en junio de 2004.

El teniente coronel Herrera explicó que su objetivo es constituir un nuevo gobierno "con la participación de todos los sectores", no estrictamente militar y "ocupado por gente selecta, patriótica que vele por los intereses de nuestra nación".

"Queremos la renuncia del presidente de la República", reiteró al considerar que "en el Palacio no tenemos presidente y Bolivia no tiene gobierno".

La posición de estos dos oficiales del Ejército se produce en medio de un ambiente enrarecido por los rumores de golpe de Estado en el país, denunciados algunos líderes sindicales y avalados por el Ministerio de Gobierno.

En Bolivia son frecuentes esta clase de versiones, herencia de los períodos dictatoriales previos al restablecimiento de la democracia en 1982.