Desde la Fiscalía asegura que el exgerente de YLB murió por “infarto cardíaco”

Este jueves, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que la autopsia médico-legal del cuerpo del exgerente nacional de Recursos Evaporíticos, Juan Carlos Montenegro reveló que un infarto provocó su deceso.

En ese sentido Lanchipa señaló que se activó una investigación por la muerte del exgerente nacional de YLB, esto luego de que se conociera la muerte de Montenegro.

“El Ministerio Público, a requerimiento fiscal, ha llevado adelante la autopsia legal del cuerpo del señor Montenegro y el resultado de protocolo de autopsia da cuenta que la causa de la muerte ha sido producto de un infarto cardíaco”, señaló. 

El fiscal señaló que dentro del protocolo de autopsia se tomaron muestras que fueron enviadas al laboratorio de toxicología del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

“Asimismo, dentro del protocolo de autopsia se han tomado muestras que han sido remitidas al laboratorio de toxicología, estamos a la espera de estos resultados para que nos puedan dar detalles sobre alguna sustancia que haya podido encontrarse en el cuerpo del fallecido”, explicó Lanchipa.

La autoridad agregó, que las muestras están siendo procesadas en los laboratorios del IDIF La Paz y en las próximas horas se conocerán los resultados.

Cabe señalar que según la valoración externa del cuerpo no se observó ninguna lesión traumática y de acuerdo a la autopsia la causa de muerte es shock cardiogénico, lesión isquémica miocárdica e infarto agudo de miocardio, además existen antecedentes de problemas cardiacos en Montenegro.

Un reporte de la Fiscalía señala que el cuerpo del exgerente de YLB, fue trasladado ayer 24 de abril al Hospital Social de Seguro Universitario de Sopocachi en La Paz, donde se realizó el levantamiento de cadáver para que se realice la autopsia de Ley.

Es así que este miércoles se conoció la muerte de Montenegro quien era investigado por irregularidades en la construcción de 18 piscinas de evaporación de la planta industrial de carbonato de litio. Según una auditoría especializada, el daño económico al Estado es superior a los 425 millones de bolivianos.